Con 74 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación en general, en primer trámite constitucional, a un proyecto del Ejecutivo que modifica la Ley N° 20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo.

La idea de este proyecto (boletín 7503) es modificar la Ley Nº 20.241, perfeccionando ciertos aspectos de los incentivos tributarios establecidos para las inversiones en investigación y desarrollo que las empresas realicen a través de centros de investigación, otorgando nuevos beneficios tributarios a las inversiones de este tipo que hagan las empresas con sus capacidades internas.

Una encuesta del año 2009 realizada por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas sobre datos del año 2008, determinó que el nivel de inversión que se realiza en Chile por concepto de investigación y desarrollo sólo alcanza un 0,4% del PIB, colocando al país bajo el promedio de inversión en investigación y desarrollo en relación al PIB de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), donde los gastos por este concepto representan el 2,26% del PIB, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles (2006).

Una situación similar se presenta en Chile con la participación de las empresas en actividades de investigación y desarrollo, financiando sólo un 43,7% del total del gasto por este concepto. El resto es financiado por el Estado, universidades, instituciones privadas sin fines de lucro e inversión extranjera.

A juicio del Gobierno se requiere la regulación del Estado para reducir las distorsiones que presenta el mercado y favorecer un nivel de inversión en investigación y desarrollo que sea socialmente óptimo, y la experiencia internacional demuestra que los incentivos tributarios son un instrumento efectivo para expandir el gasto en investigación y desarrollo que hacen los privados.

Lo anterior hace necesario que no sólo se incentive la llamada investigación “extramuros” (Ley N° 20.241) sino que también la inversión en investigación y desarrollo que las empresas realizan con sus capacidades internas -llamada “intramuros” -, también pueda ser objeto de un beneficio tributario, habida consideración que existe un gran número de empresas que cuentan con las capacidades internas para realizar este tipo de investigaciones pero no tienen la posibilidad de realizarlo pues la ley sólo permite la modalidad “extramuros”.

Este proyecto plantea la creación de un incentivo tributario a los proyectos de investigación y desarrollo realizados al interior de las empresas, y la vez, perfecciona los incentivos contemplados en la Ley N° 20.241. Estos beneficios consisten en otorgar a las empresas que realicen proyectos de investigación y desarrollo con sus propias capacidades o de terceros, en la medida que tales proyectos sean previamente certificados por CORFO, la posibilidad de utilizar como un crédito tributario contra el impuesto de primera categoría un monto equivalente al 30% de los pagos por concepto de gastos en el marco de un proyecto de investigación y desarrollo, según se define en la ley. Respecto del 70% restante de los desembolsos que no dan derecho a crédito, puede ser deducido de la renta líquida de la empresa como gasto necesario, aun cuando éstos no sean necesarios para producir la renta del ejercicio.

En el debate en la Sala de la iniciativa intervinieron los diputados Enrique Van Rysselberghe (UDI), Miodrag Marinovic (Indep), Javier Macaya (UDI), Carlos Montes (PS), Carlos Recondo (UDI), José Miguel Ortiz (DC), Alberto Robles (PRSD), Alejandra Sepúlveda (PRI), Joaquín Godoy (RN), Ernesto Silva (UDI), Enrique Jaramillo (PPD) y Jorge Sabag (DC).

El proyecto pasa ahora a segundo trámite constitucional al Senado.

Fuente: Cámara de Diputados