En el horizonte del corto plazo, el año 2003 aparece como decisivo para los exportadores chilenos.Los tratados internacionales firmados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) obligan a revisar las actuales políticas de fomento exportador y, por cierto, a competir en mercados abiertos más exigentes.

Hoy, cerca de un cuarto de las subvenciones a los sectores exportadores están en la lista negra de la OMC y el Gobierno deberá desmantelarlas antes del 2003. Entre éstas se cuenta el Reintegro Simplificado de Exportaciones (Ley 18.480), que el año pasado implicó un desembolso fiscal por US$ 190,8 millones. De esta cifra, 126,2 millones corresponden a subsidios implícitos.

Los exportadores chilenos deben comenzar a despedirse del Reintegro Simplificado y de otros subsidios implícitos, como el sistema de descuento a los aranceles diferidos sobre bienes de capital (Ley 18.634).

En la era de los mercados globalizados, las disciplinas comerciales tienden cada vez más a su homologación, lo cual es una espada de doble filo para los exportadores: por una parte implica un estímulo al intercambio de bienes y servicios y evita distorsiones pero, por otra, aumenta los riesgos de la competencia, a medida que avanza el desmantelamiento de las barreras comerciales.

Los nuevos desafíos planteados por la OMC, así como el desaliento reinante en el sector privado por la tardanza de la segunda fase exportadora, llevaron al Gobierno a proponer una solución de fondo y de largo plazo, expresada en el Programa de Desarrollo de la Competitividad, elaborado tras una serie de reuniones bipartitas realizadas entre octubre de 1997 y abril de este año.

El asesor del Ministerio de Economía, Roberto Castro, quien trabajó intensamente junto a los gremios empresariales exportadores en la elaboración del programa, confía en su efectividad aunque está consciente del escepticismo que existe en algunos sectores, sobre todo en aquellos más golpeados por la caída en el tipo de cambio y por la fuerte competencia a la que se han visto enfrentados en los últimos años.

A juzgar por los dichos de los propios empresarios que conocen el programa, las nuevas medidas están bien pensadas y representan el lado amable del difícil panorama que les tocará vivir a partir del 2003.

El programa incluye una batería de acciones, desde un nuevo plan de capacitación laboral, hasta mecanismos más efectivos de apoyo tecnológico. Todo ello sin dejar de considerar los nuevos conceptos que empiezan a marcar la diferencia en los agresivos tiempos que deben enfrentar los empresarios que aspiran a ganar un espacio en los mercados internacionales. Entre éstos, la llamada producción limpia, es decir, con apego a las exigencias ambientales, y lo que se conoce como inteligencia estratégica, en otras palabras, los factores institucionales que ayudan a reducir tiempo y costos y a elevar la productividad.

Uno de los propósitos del programa es profundizar el desarrollo de las empresas exportadoras, concentrando el fomento en áreas como la tecnológica, la protección ambiental, la capacitación laboral, el uso intensivo de instrumentos comerciales, la promoción exportadora y la accesibilidad al sistema financiero. Además, pretende modernizar las instituciones públicas y agilizar el aporte de los gremios y empresas vinculadas con el sector exportador.

Desafío compartido

No obstante, los empresarios no se pueden sustraer al clima de incertidumbre y, tal como lo expresa Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma), no estamos claros de que este programa vaya a ser la panacea para nosotros. El dirigente no cree que la propuesta vaya a contrarrestar siquiera el problema de la caída del tipo de cambio.

En el Ministerio de Economía opinan que los retornos monetarios de los reintegros no aseguran la competitividad que hoy requieren las empresas. Plantean que los estudios han demostrado que los mecanismos de subsidio presentan debilidades, ya que su mayor parte se ha canalizado hacia una proporción reducida de empresas. En el caso del Reintegro Simplificado, casi dos tercios de este instrumento se concentra en 260 empresas que constituyen sólo el 10 % del total que ha utilizado la franquicia. Por eso, uno de los mayores desafíos del programa es ampliar el universo del fomento productivo, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Temores empresariales

Este proceso se realizará gradualmente, en función de la proporción de insumos importados utilizados en la exportación, para llegar a enero del 2003 a una proporción del 27,3%, lo que equivaldría a una tasa de reintegro del 3%.

Aunque Fantuzzi apoya públicamente la intención del Gobierno en este plano, no vacila en plantear que la gradualidad con que se plantea el desmantelamiento es un error garrafal. Sostiene que la fórmula ideal sería, más lentitud al principio y un golpe duro al final. Opina que antes de echar a andar algo nuevo hay que probar si funciona: Primero montar y después desmontar, explica gráficamente.

El destino de los recursos que se liberarán con el desmantelamiento de los reintegros es un aspecto sobre el que abundan las propuestas.

Tomando en cuenta la amarga experiencia de los productores chilenos de salmón, acusados este año de dumping en Estados Unidos, el subgerente del Area de Comercio Exterior de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Pedro Reus, sostiene que el programa debe contemplar un fondo para apoyar con dinero a los exportadores que se vean envueltos en acusaciones de este tipo. A su juicio, mientras no se adopten medidas claras y la OMC siga siendo tan blanda en ese aspecto, los reclamos serán pan de cada día y podrían ser utilizados como una herramienta para sacar del camino a los países con menor desarrollo relativo que amenazan con desplazar a los más poderosos del mercado.

Añade que es preciso implementar un seguro de riesgo, porque la eliminación de los reintegros no terminará con las acusaciones de dumping. Recuerda que en estos momentos, Brasil, Perú y Estados Unidos tienen acciones en contra de Chile por este tema.

Aunque a los salmoneros chilenos les ha ido bien con sus productos en el exterior, Reus argumenta que han gastado entre US$ 3 y 4 millones en defenderse de tal acusación, lo que implica que los empresarios de menores recursos están en desventaja por no contar con el financiamiento para sostener una defensa.

En tanto, el presidente de la Corporación de Exportadores, Cristóbal Valdés, afirma que los salmoneros han sido capaces de defenderse, pero no todos los exportadores podrán hacerlo si no se establece un fondo de contingencia.

Más focalización

Afirma que si bien el programa está bien inspirado, es necesario focalizarlo, porque los instrumentos son muchos y los montos en dinero que serán liberados con la eliminación de los reintegros corren el riesgo de diseminarse. Por esto, plantea la necesidad de orientarlos hacia la incorporación de tecnologías limpias y el mejoramiento de la calidad de la mano de obra, es decir, la capacitación. Por su parte, Cristóbal Valdés plantea que el programa debe asegurar que sus medidas serán rápidas y efectivas. También insiste en que el tipo de cambio no es algo que se pueda pasar por alto, ya que hay otros países con condiciones competitivas importantes como Argentina, Perú y China, que emergen con mucha fuerza sobre todo en el rubro alimenticio, como por ejemplo los concentrados de frutas, advierte.

Inteligencia de mercado

En esta nueva etapa se pondrá en práctica lo que el programa denomina inteligencia de mercado, que implica entre otras cosas una mayor y mejor información comercial. Este esfuerzo se sumará a una mejor gestión internacional con apoyo en las labores de prospección, penetración y permanencia en los mercados de destino. En suma, incentivos permitidos por la OMC y que en la práctica beneficiarán a pequeños y medianos empresarios.

En este contexto, los grandes desafíos de ProChile son la ampliación de la base productivo-exportadora, la consolidación de las empresas que enfrentan problemas de competitividad y el desarrollo de nuevos negocios, orientados a empresas de mayor experiencia y madurez.

De acuerdo al programa, ProChile emprenderá una fuerte modernización institucional y se convertirá en una corporación público-privada, con personal altamente calificado. En esa etapa, dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores y contará con un Consejo Directivo y un Comité Consultivo Sectorial, con la participación del sector público y del privado.

Producir limpio y de punta

Aquí Corfo jugará un papel fundamental para lo cual tendrá que ampliar la cobertura de sus programas de fomento FAT (Fondo de Asistencia Técnica), Profos (Proyectos de Fomento), Premex (Programa para la Empresa Exportadora), y del Programa de Desarrollo de Proveedores.

Corfo, además, pondrá en marcha programas voluntarios de fomento a la producción limpia que faciliten la cooperación de las empresas exportadoras y su acceso a fondos tecnológicos, FAT y Profos, así como la cooperación internacional en estas materias.

Se impulsará, también, una red de centros con capacidades de transferencia en este nuevo tipo de tecnologías y se formará un comité público-privado donde participarán los actores involucrados, incluyendo a los trabajadores agrupados en la CUT.

En el ámbito de la capacitación, otro aspecto prioritario del programa, algunos de sus instrumentos ya se están aplicando, aunque todavía es prematuro evaluar su efectividad.

Mejorar la capacitación y la productividad de la mano de obra envuelve un doble desafío. La productividad promedio del trabajador chileno alcanza en la actualidad a US$ 4 por hora, mientras en Taiwán es de US$ 12, y en Suiza de 40.

Es sabido que las empresas exportadoras de bienes y servicios no tradicionales invierten más en la capacitación de sus trabajadores que el resto de las empresas. Sin embargo, las primeras destacan como uno de los obstáculos internos para su desarrollo exportador la carencia de recursos humanos calificados en la producción.

Hasta ahora, sólo se contaba con la franquicia tributaria del 1% del total de la planilla de una empresa como incentivo a la capacitación, lo que benefició principalmente a las compañías medianas y grandes. Pero, no se contemplaban incentivos suficientes para la formación avanzada de técnicos y trabajadores calificados en el extranjero, lo que implicaba costos mucho más elevados.

Las medidas del programa apuntan, precisamente, a estimular la formación técnica avanzada para conseguir una fuerza de trabajo de calidad mundial. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) promoverá la capacitación en el extranjero de trabajadores e instructores laborales chilenos en áreas donde a nivel nacional no se cuente con infraestructura tecnológica o conocimientos suficientes, lo cual podría implicar un salto cualitativo en materia de productividad para el país.

Apuesta al futuro

Según el asesor del Ministerio de Economía, Roberto Castro, uno de los objetivos del programa es la creación de empleos que tengan permanencia en el tiempo, lo que no se logra exportando sólo materias primas, sino a través de la inserción de los trabajadores en producción de punta, con apoyo tecnológico, o encontrando nichos de mercado más rentables y autónomos.

De ahí la necesidad de que las empresas inviertan en un cambio tecnológico. En la medida en que sepan producir con mejor tecnología y mayor conocimiento, se generarán ventajas competitivas y, frente a una crisis externa, la capacidad de reacción será más ágil, flexible y menos costosa en términos de desempleo, plantea Castro.

Según el diagnóstico del Gobierno no hay que partir de cero en la búsqueda de una mayor competitividad de la empresa exportadora chilena, pero si el país quiere mantener su actual ritmo de crecimiento de la productividad de 5,7% de promedio anual en el periodo 1991-97 hay que hacer un esfuerzo mayor en este plano.

Las tareas del desarrollo de la competitividad, de sólo enumerarlas, suenan titánicas, por decir lo menos. Cambiar un sistema tradicional por uno moderno y que además supone el incondicional apoyo empresarial, a ratos huele a utopía.

Habrá que enfrentar críticas, resistencias y divisiones al interior de los propios gremios empresariales, desavenencias políticas y la ineludible burocracia. El trabajo es duro, pero no imposible.

 
Revista Correo de la Innovación.
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