Una encuesta llevada adelante con la Cámara Nacional de Comercio en torno a la ciberseguridad de las Pymes, a fines del año 2016, indicó que el 40% de las pequeñas y medianas empresas en Santiago habían sufrido algún tipo de intrusión.

Y es que aunque en el país -a veces- se registran peaks de delitos cometidos y de victimización, dándose también períodos más tranquilos, en que las preocupaciones de la ciudadanía pasan por otras prioridades, los niveles de inseguridad ante la delincuencia siempre van a ser motivo de preocupación.

Sin embargo, de acuerdo al dato señalado al comienzo, hay un tipo de delincuente que se esconde más que otros; que actúa a plena luz del día y que no le importa de quién se trate su víctima, ni menos si está sola o acompañada, pues su fechoría la cometerá y -tal vez- nadie en ese momento la notará. Se trata del ciberdelincuente.

Puede tratarse de una persona o de un grupo de individuos que se coluden para delinquir, pero su técnica es silenciosa y cuando las víctimas lo perciben, ya puede ser muy tarde para denunciar o, incluso, se opta por no acusar el incidente.

Aún cuando sufren la vejación virtual, las personas temen que por usar programas ilegales o los llamados “softwares piratas” sus denuncias no van a tener efecto alguno.

¿Cuál es la razón principal que facilita este tipo de delito? No contar con la información adecuada para estar prevenido; no tener softwares originales que dieran el respaldo o, simplemente, no darse cuenta en el momento preciso en que fueron víctimas y sólo lo descubren después de días e –incluso- meses del acto.

Esto es, precisamente, desde hace muchos años lo que actores privados y públicos hemos buscado revertir o mitigar. Luego de escuchar distintas posiciones, ya sea desde la industria tecnológica, desde la academia, desde expertos en seguridad digital y desde especialistas en derecho, además del conocimiento del sector público, el gobierno presentó el instructivo del Plan Nacional de Ciberseguridad.

A ello se sumó la promukgación del Convenio de Budapest sobre el Cibercrimen, con el que Chile se compromete –junto a los otros Estados miembros- a tener políticas de persecución criminal común frente al ciberdelito. Con el Plan Nacional de Ciberseguridad, el Estado compromete esfuerzos para que -de ocurrir- los delitos informáticos sean prontamente aplacados.

Microsoft ha participado activamente en esta instancia. Ya desde marzo se suscribió un acuerdo con la Fiscalía Nacional para colaborar en la investigación de los delitos informáticos que ponen en riesgo la seguridad digital de las personas.

Con ello se puso a disposición del Ministerio Público tecnología de punta, análisis, inteligencia y diversos mecanismos digitales, que colaboran en la mitigación de los delitos de esa naturaleza, entre los que se encuentra –por ejemplo- el flagelo de la pornografía infantil.

A fines del año 2015 se había suscrito un acuerdo llamado Government Security Program Agreement –GSP- con el gobierno de Chile, a través de la subsecretaría de Interior, en el que, como compañía, le entregamos acceso al código de fuente de diversos softwares, para que puedan evaluar si tienen algún tipo de vulnerabilidades en los sistemas informáticos estatales y tomar medidas al respecto.

Chile es el primer país en Latinoamérica que lo firma. Del mundo lo han hecho naciones de la Otan, Estados Unidos y China, entre otros. Este tipo de acuerdos y el Plan Nacional de Ciberseguridad hablan muy bien de Chile, como líder de la región en el desarrollo digital.

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